El 17 de marzo de 2022, el Consejo General de Economistas, organizó una jornada de debate sobre el futuro de la universidad española. A la misma, moderada por el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, se invitó a los economistas Luis Garicano –diputado del Parlamento Europeo y doctor en Economía por la Universidad de Chicago– y Martí Parellada –catedrático de Economía Aplicada de la UB, miembro de EUROPEG y presidente del Instituto de Economía de Barcelona, para tratar los aspectos en común que tienen las reformas universitarias realizadas en otros países europeos y aspectos centrales que debería contener la reforma universitaria española. Ver vídeo de la jornada aquí.

Un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) es un mecanismo legal por el que las empresas pueden suspender contratos de trabajo o reducir jornadas de manera temporal (entre un 10% y un 70% de la jornada), cuando atraviesen por dificultades técnicas, organizativas que pongan en riesgo la continuidad de la compañía. Está recogido en el artículo 47 del Estatuto de los Trabadores

En su intervención, el economista Martí Parellada señaló que “la universidad pública española necesita más recursos y más autonomía en materia de personal y oferta académica; conseguirlo requiere de un nuevo marco legislativo que conjugue, en lo que hace referencia a la gobernanza de las universidades, la legitimidad interna con la externa, y el modelo actual en el que conviven los consejos sociales con el consejo de gobierno  no da respuesta a esta doble legitimidad. Sería necesario avanzar hacia el modelo que han adoptado la mayoría de países europeos: un único consejo de gobierno con representantes internos de la propia universidad y externos, un claustro de carácter consultivo y un sistema de elección del rector que sintetice la imprescindible doble legitimidad”. Según Parellada, “ese debería ser el camino a seguir”.

Por su parte, el economista Luis Garicano indico que “la reforma universitaria que propone el Gobierno es una reforma cosmética, que busca cumplir solo formalmente con el compromiso adquirido con la Comisión Europea, pero no resuelve los problemas estructurales del sistema universitario español. Los problemas de la universidad española son una financiación desvinculada de los resultados en investigación y docencia, una gobernanza liderada por rectores que no rinden cuentas a la sociedad civil, una carrera docente endogámica  y que no premia la excelencia, y una burocracia estalinista”.

Cerró el acto el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, quien expresó la necesidad de “repensar el actual modelo universitario para lograr mayores estándares de calidad, garantizar su sostenibilidad y hacerlo más competitivo”, ya que “estamos hablando de uno de los elementos esenciales del Estado del bienestar, la educación, y en este caso en concreto de la universitaria, que es un factor fundamental para el desarrollo social y económico de un país”.

Para finalizar, Valentín Pich aprovechó para trasladar –en nombre de la organización de la que es presidente– un mensaje institucional en el que se recogen 13 reflexiones, consideraciones y propuestas que el Consejo General de Economistas entiende que deberían valorarse a la hora de abordar un debate serio sobre el futuro de la universidad española:

     1.- La contribución que realizan las universidades, en la formación de capital humano o en la actividad de investigación y transferencia, determina, de manera muy relevante, el desarrollo económico y social de los países.

2.- En  España algunos datos son descriptivos de su importancia: En el curso académico 2019/2020 ha habido 1,3 millones de estudiantes de grado, cerca de 240.000 estudiantes de máster, 208.000 titulados de grado y 127.000 de máster,y, en lo que hace referencia a la actividad investigadora, del total del gasto interno en I+D, la enseñanza superior representa un 26,6% del total español; en relación con el número de investigadores, en la enseñanza superior se concentra el 46,3 % del total y, del total español de publicaciones científicas, la universidad ha generado cerca del 60 % en el período 2015-2019.

3.- Además según un reciente estudio del IVIE, la actividad productiva propia y asociada al Sistema Universitario Español (SUE) representa el 2,12 % del PIB y el 2,56 % del empleo en España y, con una aproximación más a largo plazo, por la mayor cualificación y remuneración de sus egresados, contribuye a aumentar en 1,3 puntos porcentuales la tasa de actividad en España y a reducir la de paro en 0,7 puntos, y a generar unos recursos fiscales que suponen que las universidades españolas devuelven a la sociedad, aproximadamente, 4,3 euros por cada euro que las administraciones destinan a su financiación.

4.- Sin embargo, esta importancia del sistema universitario español no parece tener el reconocimiento adecuado por parte de las administraciones públicas, central y autonómicas.

5.- Por ejemplo, si nos referimos a la atención que los presupuestos públicos prestan a las universidades, y singularmente a las públicas, los resultados ponen de manifiesto que en los presupuestos liquidados de las universidades públicas españolas, en el período 2009-2019, los ingresos corrientes aún eran en 2019 un 3,1 % inferiores a los del 2009 (a pesar del aumento de las tasas en un 18%), y los ingresos de capital, un 10,8 % inferiores, en términos nominales. A ello habría que añadir las magnitudes relativamente más reducidas que se dan en España con respecto a la mayoría de los países europeos y de la OCDE, tanto en el gasto público universitario en el total del presupuesto de las administraciones públicas como en su peso relativo en el PIB.

6.- En este mismo sentido, tampoco ha sido relevante la atención que ha merecido el Sistema Universitario Español (SUE) en referencia al marco legal en que desarrolla sus actividades y que, sin duda, podría llegar a constituir una importante palanca para potenciar su contribución a la economía y a la sociedad españolas. De hecho, después de la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria en 1983, que tuvo una importancia remarcable por lo que supuso de adaptación de la universidad española al nuevo marco democrático, no han habido cambios legislativos relevantes: ni la Ley Orgánica de Universidades (LOU) ni la posterior Ley Orgánica de Modificación de la LOU (LOMLOU), ni mucho menos el conjunto de medidas introducidas como consecuencia del impacto de la crisis de 2008, han dotado las universidades de sistemas de gobierno, de niveles de autonomía en materia de financiación y de política de recursos humanos mínimamente comparables a los que gozan las universidades de aquellos países europeos que podemos considerar referentes. Y todo ello a pesar de las conclusiones de los sucesivos informes que se han elaborado al respecto, encargados por el Gobierno central apoyándose en mayorías políticas de diferente signo: desde el encabezado por el profesor Rolf Tarrach en 2011, hasta el encabezado por la profesora María Teresa Miras Portugal en 2013, expresión, ambos, de una necesidad –la reforma del SUE– y de una incapacidad –la falta de decisión política para llevarla a cabo.

7.- Hoy, los desafíos a los que se enfrenta la sociedad española, entre los que destaca el aumento de su competitividad, requiere de una mejor dotación de capital humano y de unos mayores niveles de productividad a los que no son ajenos los niveles de investigación, desarrollo e innovación. Hacer del SUE un motor del cambio de la sociedad y economía española es hoy una imperiosa necesidad.

8.- Para dotar al SUE de este renovado protagonismo en la economía y sociedad española es necesario reforzar la sincronía de tres aspectos: Dotar a las universidades de mayor autonomía (que no implica autogestión), entendida como la capacidad de gestión del presupuesto, la autonomía en la contratación y el establecimiento de las condiciones retributivas de su personal, la autonomía académica y la selección de los estudiantes, en particular los de máster. Dotar de una mayor financiación a las universidades y, finalmente, establecer un sistema de incentivos que oriente a las universidades a los objetivos establecidos por las mayorías parlamentarias. Lógicamente, la mayor autonomía debe ir acompañada de una mayor evaluación.

9.- En este mismo sentido, profundizar en el análisis institucional de los sistemas universitarios europeos que constituyen una referencia para el SUE también ofrece pistas sobre los itinerarios en que debería desarrollarse la reforma de las universidades españolas.

10.- Una razón adicional para impulsar la reforma de las universidades es consecuencia del papel cada vez más relevante de la Unión Europea en materia universitaria. A pesar de que es una competencia de los estados miembros, las iniciativas de la UE para impulsar un marco lo más común posible entre las instituciones de enseñanza superior en Europa que reduzca las diferencias que introduce la preeminencia de los marcos regulatorios nacionales es una tarea que, desde la aparición del proceso de Bolonia, no ha hecho más que acentuarse. La Estrategia Europea para las Universidades, que tiene como objetivo crear universidades con personalidad jurídica europea, títulos conjuntos, un carné europeo del estudiante y aumentar el número de alianzas de universidades europeas, supone un desafío para la legislación universitaria española.

11.- Hay que recuperar y fortalecer la confianza entre la sociedad y la universidad, y la mejor manera de hacerlo es dotar a las universidades de una doble legitimidad: interna, entre los que son parte sustancial de la universidad, y externa, entre aquellos que la han de dotar de instrumentos y recursos adecuados para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta. Para ello es conveniente modificar su modelo de gobierno, dotar de más autonomía a las universidades en su política de personal, dotar a las universidades de financiación básica para desarrollar su actividad y de una complementaria vinculada a la obtención de objetivos, y hacerlo en un marco de estabilidad. Resulta conveniente establecer mecanismos de evaluación que impulsen la de carácter institucional y no solo la de programas, y que los procedimientos de acreditación y evaluación de la actividad investigadora sean considerados más como méritos que como requisitos para la política de personal de las universidades.

12.- Respecto al modelo de gobierno, la manera como se han organizado las universidades –con un consejo social, por un lado; un consejo de gobierno, por otro; y, finalmente, un claustro; y un proceso de elección del rector, que ha de ser catedrático de la propia universidad, y  que en la gran mayoría de los casos se lleva a cabo  mediante el sufragio general ponderado entre estudiantes, personal administrativo y profesorado– no resuelve los problemas de falta de confianza entre la sociedad y la universidad, que se traducen en una insuficiencia endémica de recursos y un marco legislativo con pocas variaciones desde la LRU en 1983.

13.- Para ello, parecería conveniente avanzar en un modelo de gobernanza constituido por un consejo de gobierno reducido de alrededor 20 miembros con representantes de los estamentos de la universidad: profesores, personal administrativo y estudiantes, y personas representativas de la sociedad que, con un porcentaje similar, formarían el máximo órgano de gobierno de la universidad. El Claustro sería otro órgano de la gobernanza de la universidad que, con un número superior de miembros, estaría formado por representantes elegidos directamente por los distintos estamentos de la universidad, de un tamaño de alrededor 100 miembros y con funciones fundamentalmente consultivas y de carácter académico. Ambos órganos de gobierno tendrían la facultad de nombrar un comité de búsqueda del rector que no necesariamente debería formar parte de la propia universidad, y que, una vez seleccionado, debería ser ratificado por ambos órganos de manera que el candidato elegido pudiese aunar la legitimidad interna y la externa.

Ver vídeo presentación.

Fotos: ptksgc, janeb13 y athree23

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