Tras los cambios introducidos por la reforma concursal de 2022 y ante la nueva directiva de insolvencia de 2023, actualmente en tramitación.

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El 28 de junio de 2023 se presentó en la sede del Consejo General de Economistas de España la cuarta edición de la Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia, un estudio que tiene por objeto trasladar a las empresas (especialmente a las pymes) una idea clara, práctica y esquemática de nuestro sistema concursal y de las soluciones alternativas al concurso de acreedores. Esta publicación –elaborada en colaboración entre CEPYME y el Registro de Economistas Forenses, REFOR (órgano especializado del Consejo General de Economistas en materia de insolvencias)– tiene como objetivo ser una herramienta divulgativa para dar a conocer a empresarios, asesores y consultores los mecanismos a aplicar en los procesos de insolvencia en esta coyuntura de incertidumbre y complejidad empresarial a raíz de los importantes cambios introducidos en la reforma concursal de 2022 –tras los nueve meses de su entrada en vigor–, y ante la nueva directiva de  insolvencia de 2023, actualmente en tramitación. En este sentido, referido al marco normativo, durante la presentación se ha puesto de manifiesto que la convocatoria de elecciones adelantadas a nivel nacional, así como las próximas elecciones europeas previstas para junio de 2024, podrían retrasar los desarrollos normativos pendientes en el ámbito de las insolvencias tanto en España como a nivel de la UE. No obstante, a este respecto se ha puesto en valor el camino avanzado en España con las últimas reformas de 2022, que han permitido impulsar herramientas eficientes, como son los planes de reestructuración empresarial o la venta anticipada de unidades productivas (pre-pack), similares a las de otros países de nuestro entorno. Por ello, tras las tres ediciones anteriores de esta Guía, –realizadas en 2009, 2017 y 2021– esta cuarta edición, más que una mera actualización, contiene un enfoque nuevo y renovado adaptado a las nuevas realidades en las que nos encontramos en la resolución de las crisis empresariales. Sin embargo, a pesar de este impulso a las soluciones preconcursales, los economistas forenses del REFOR sí manifestaron –tal y como muestra el flujograma concursal que han elaborado– que el propio concurso de acreedores sigue siendo un proceso farragoso en nuestro país con multitud de interacciones y trámites.

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En la presentación de la Guía participaron el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich; el director de Economía y Políticas Sectoriales de CEPYME, Francisco Vidal; el presidente del REFOR, Miguel Romero, y la vicepresidenta 2ª del REFOR y coordinadora de la Guía, Bárbara Pitarque.

En su intervención, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, incidió en este nuevo enfoque de la Guía por cuanto, según sus palabras, en la misma “se muestran las claves para intentar que una empresa en dificultades económicas, pero con posibilidades de supervivencia, no se vea abocada a la liquidación, y que, en el caso de que esta sea inevitable, se haga de una manera ordenada y eficiente”. Así, para Pich, “las últimas reformas llevadas a cabo han conseguido avances notables que nos permiten disponer de herramientas eficaces para resolver la insolvencia de una manera más ágil, lo que sitúa a nuestro país, en este aspecto, al mismo nivel que países de nuestro entorno”. Aunque, según manifestó “sí sería bueno que el gobierno que salga de las urnas el próximo el 23 de julio impulsara procedimientos concursales más sencillos que los haga más atractivos para las empresas, porque persiste un estigma concursal. Algo que se ha evidenciado en las trabas que las empresas en concurso han tenido de cara a la concesión de ayudas tras la pandemia por Covid, para solicitar subvenciones o para contratar con la Administración Pública, lo que, quizá, pudiera haber limitado sus opciones para salir adelante”.  

En ese mismo sentido se expresó el director de Economía y Políticas Sectoriales de CEPYME, Francisco Vidal, porque, según explicó, “históricamente, los concursos de acreedores han resultado costosos y no han sido una herramienta útil para reflotar las empresas. Esto explicaba que muchas compañías acabasen liquidándose después de largos procesos, al tiempo que entre las compañías de menor tamaño se optase simplemente por cerrar cuando se daba una situación de insolvencia. Esta realidad evidenciaba la necesidad de actualizar los concursos de acreedores y, sobre todo, de adaptarlos a la realidad de la microempresa”. Aunque para Vidal, “igual de importante es que sus responsables conozcan las herramientas existentes a este respecto”.

No obstante, el representante de CEPYME incidió en que “la verdadera clave está en que la empresa no llegue a afrontar una situación de insolvencia, y para ello es decisivo el hecho de atesorar una actitud proactiva a la hora de detectar sus problemas y afrontarlos, pero también dotar a la empresa española de un marco favorable a su crecimiento y desarrollo frente al actual escenario en el que proliferan los obstáculos gubernamentales que debe superar”.

Por su parte, el presidente del REFOR, Miguel Romero, puso en valor el momento oportuno en el que se publica esta Guía, que está especialmente indicada para el tejido empresarial y deudores en general de menor dimensión –pymes, micropymes, autónomos, pequeños emprendedores o personas físicas– porque, según manifestó, “si atendemos a las estadísticas concursales, la evolución nos muestra una concentración cada vez mayor de concursos en este rango de deudores”. Así, según ha expuesto Romero, “en el primer trimestre de 2023 el 77,5% de los concursos fueron personas naturales, el 9,8% autónomos, y el 12,6% sociedades, incluyendo empresas de todas las dimensiones”. En su intervención, Romero incidió en la importancia de una visión más económico-empresarial para resolver la insolvencia, y, en sintonía con esto, la importancia de que la empresa insolvente (especialmente las pequeñas que disponen de recursos más limitados) esté bien asesorada. A este respecto, el presidente de los economistas forenses se referió al dictamen que ha publicado en marzo el Comité Económico y Social Europeo en relación con la nueva propuesta de Directiva de Insolvencia de diciembre de 2022, en tramitación, en el que se recomienda la participación activa de los administradores concursales en los procedimientos para microempresas. Por último, Miguel Romero coincidió en la necesidad de simplificación del procedimiento concursal, aunque se mostró optimista porque, según dijo, “las nuevas soluciones para abordar la insolvencia, y que se incluyen en esta Guía, abren un nuevo abanico de posibilidades para evitar la desaparición de empresas viables, y con ello, el efecto colateral adverso para proveedoras de la misma y favorecer el mantenimiento de empleo que haya generado la actividad”.

En su intervención, la vicepresidenta 2º del REFOR, administradora concursal y coordinadora de la guía, Bárbara Pitarque, especificó que “esta nueva edición de la Guía incluye todas las fases a las que cabe enfrentarse ante una crisis de empresa, desde cómo detectar que se está en preinsolvencia con alertas tempranas, las diversas soluciones preconcursales alternativas al concurso y las propiamente concursales”. “Se incorpora además a esta nueva publicación una explicación detallada de las herramientas más novedosas en torno a los planes de reestructuración y el desarrollo del pre-pack o venta de unidades productivas en fase preconcursal”, concluyó Pitarque.  

A continuación, Bárbara Pitarque expuso las principales conclusiones que se pueden extraer de la Guía, que se resumen a continuación:

1.- Ante una situación de insolvencia, hay que acudir al procedimiento establecido y evitar el simple “persianazo”. De lo contrario pueden producirse problemas legales de todo tipo y condicionar la posibilidad de poder administrar otras sociedades. Hay que tener en cuenta que un acreedor o acreedores pueden instar un concurso necesario y se abre una pieza de culpabilidad para el insolvente.

2.- No presentar el concurso en plazo puede tener consecuencias tanto para la viabilidad de la empresa como para la calificación del concurso. Por ello es importante tener un buen control financiero internamente y un diagnóstico periódico en la empresa para prever la potencial insolvencia.

3.- Es importante intentar evitar el concurso de acreedores optando por soluciones preconcursales: los planes de reestructuración permiten modificar la estructura del activo, del pasivo o de los fondos propios de una sociedad, evitando la insolvencia. Asimismo, el pre-pack pretende la venta de los activos de la empresa insolvente o en probabilidad de insolvencia posibilitando la maximización de su valor.

4.- Si estas medidas no son suficientes, el concurso puede ser la vía adecuada para reflotar una determinada empresa insolvente o para una liquidación ordenada y con garantías.

5.- Antes de solicitar el concurso hay que prever sus costes.

6.- Tras la reforma concursal de 2022, se entiende que la segunda oportunidad del deudor persona física sin actividad y autónomo no es un beneficio sino un derecho, por lo que el mecanismo pasa de llamarse “Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho” (BEPI) a denominarse simplemente “Exoneración del Pasivo Insatisfecho” (EPI). En este sentido, hay que evitar endeudarse en exceso, sobre todo en créditos públicos, que están limitados en esta exoneración.

7.- Es importante ponerse al día en nuevas herramientas ante la transformación electrónica del procedimiento concursal. España ha sido pionera en este sentido y los nuevos procedimientos electrónicos de microempresas que se han incluido en la reforma concursal están ya operativos en 2023.

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Fotos: stevepb, Tumisu y geralt

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